PERU DEBERIA PAGAR POR EDUCACION DE LOS PERUANOS

Los países más desarrollados del mundo son los que invierten más dinero en sus poblaciones a través de la salud, educación, vivienda, transporte, seguridad, etc.

Foto: UNMSM

EEUU por ejemplo, es uno de los países más socialistas del mundo, donde cada ciudadano tiene derecho a un seguro social y la educación publica no solo es gratuita sino obligatoria, con pena de cárcel a los padres que no envíen a sus hijos a estudiar o a las autoridades que rechazen algun menor en las escuelas públicas hasta que terminen la secundaria. En el otro extremo de la balanza económica: Cuba, un país con dificultades de presupuesto y con un controversial sistema de gobierno, garantiza la educación universitaria gratuita a todos sus ciudadanos, sin distinción alguna.

Es cierto que el estado peruano tiene limitaciones presupuestales, pero la educación pública debería ser una prioridad básica dentro del gasto fiscal. La educacion pública significa una inversión a largo plazo: una población mejor educada es más productiva, responsable, creativa y progresista. Esto repercute no sólo en la mejora de la economía de los países, sino en todos los aspectos sociales con una cadena de consecuencias positivas a corto y largo plazo.

Muchos padres peruanos de economías modestas, hacen un esfuerzo extraordinario para mandar a sus hijos a las escuelas privadas, buscando un futuro mejor para sus menores y es un mérito para muchos jóvenes, el siquiera terminar la secundaria. Pero el gobierno peruano no en vez de promover la educacion superior, parece que quiere castigar a esas familias y sus hijos, cobrándoles extra por haber alcanzado un nivel de vida mejor que el de la mayoría de peruanos, o por invertir mejor en su educación.

Mientras se pierde tiempo debatiendo estas ideas ridículas de congresistas caducos -que no conocen la realidad del país- los peruanos continúan sufriendo la falta de inversión social del gobierno peruano. Dicen las encuestas que el 70% de los jóvenes peruanos se irian del país hoy mismo, si tuvieran la oportunidad. El estado peruano debe invertir en la educación superior, de ello depende nuestro futuro.

A continuación un artículo que habla acerca de la gratuidad de la educación universitaria y expone una opinión muy válida y directa acerca de la responsabilidad del estado para con sus ciudadanos.



¿QUIÉN DEBE PAGAR? ¿EL ESTADO O LOS CIUDADANOS?

Wilfredo Ardito Vega

Ante la propuesta de que los egresados de colegios particulares paguen en las universidades estatales, debemos señalar que, en principio, nos parece injusto que los impuestos que pagan peruanos de toda condición sean usados para financiar la formación profesional de una persona que podría asumir este gasto.

Sin embargo, debatir la gratuidad de las universidades públicas como un asunto aislado es un serio error y mas bien debería aprovecharse esta oportunidad para una discusión más amplia respecto a cuáles necesidades de los ciudadanos corresponde al Estado satisfacer.

Lamentablemente, en el Perú no vivimos el modelo de “estado de bienestar”, donde la atención en salud, la educación o inclusive el subsidio de desempleo son provistos por el Estado. Oficialmente, la intervención estatal debe ser subsidiaria, es decir, dirigirse a aquellos casos en que los ciudadanos no pueden satisfacer por sí mismos sus necesidades fundamentales.

Ese fue el sentido de la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de la señora Azanca Meza en el año 2004, señalando que era obligación del Estado atender la salud de las personas cuyas vidas estaban en peligro. Este razonamiento fue reiterado el año pasado por el Tribunal amparando la demanda de los habitantes de La Oroya afectados por las emisiones contaminantes de la empresa Doe Run, e indicando que el Ministerio de Salud debía intervenir ante los daños ambientales (RP 101).

Ahora bien, normalmente el Estado peruano incumple con esta obligación empleando como argumento recurrente la carencia de recursos. En realidad, hay un problema de prioridades: a mayor crecimiento económico existen mayores ingresos para el Estado y debería haber mayor inversión social, pero ese no ha sido el caso. El incremento en las arcas fiscales permitió mas bien gastos suntuarios como el avión presidencial para viajar a China o Punta Sal, mientras otros mandatarios latinoamericanos y europeos usan vuelos comerciales.

A veces, la confusión de prioridades en la asignación de fondos públicos obtuvo respaldo popular, como ocurrió con la remodelación de estadios para realizar campeonatos internacionales de fútbol. Ahora que el césped sintético viene generando serias quemaduras a los futbolistas, recién se empieza a cuestionar la falta de criterio para manejar los recursos estatales.

Un sector estatal que ha logrado que sus gastos parezcan prioritarios ante la opinión pública son las Fuerzas Armadas y siempre hay medios de comunicación ansiosos de reportar o inventar incidentes fronterizos o diplomáticos con los países vecinos para justificar créditos o adquisiciones millonarias. El “bienestar” de las Fuerzas Armadas implica también gastar en viviendas, asignaciones de vehículos y gasolina para los oficiales y colegios para sus hijos (que tienen que ser distintos a los colegios donde estudian los hijos de los subalternos)... e inclusive la propuesta sobre cobros en las universidades públicas mantendría la gratuidad para los hijos de los oficiales.

Finalmente, no sólo se emplean los recursos estatales supuestamente escasos en armas que puedan lastimar a chilenos o ecuatorianos, sino también grandes sumas se destinan para reprimir a los propios peruanos: la Ministra del Interior ha anunciado que su despacho gastará diez millones de soles en granadas lacrimógenas de triple acción, más de cinco millones en balones lanzagases y más de seis en cartuchos lacrimógenos.

Resulta patético que mientras se gasta en césped sintético y granadas lacrimógenas, sigamos teniendo la inversión social más baja de América Latina y existan cinco millones de peruanos totalmente excluidos de los servicios de salud. Por no poder pagar una operación de apendicitis, muchas personas son rechazadas de los hospitales (las he visto yo en San Martín y Puno, enviadas a morir a sus casas). Eso sí, el actual gobierno gastó una gran cantidad de dinero en vacunar a millones de personas contra la rubeola, sin que lo justificaran una gran extensión de la enfermedad en el país o una terrible mortalidad.

En realidad, aunque se destinen importantes recursos a una zona, cuando se carece de una noción de derechos ciudadanos, las inversiones estatales serán irrelevantes para los más necesitados. Un ejemplo es el canon minero, que podría lograr la erradicación del analfabetismo o la desnutrición en regiones como Cajamarca o Ancash, pero se ha establecido que sólo puede usarse en obras de infraestructura. Las autoridades locales y regionales prefieren dedicarse a remodelar plazas, con una placa recordatoria, claro está, que a exigir un urgente cambio legislativo que permita enfrentar los problemas más serios de la población.

El destino prioritario de los fondos públicos debería ser lograr que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos: desde la atención médica hasta la capacitación en idiomas indígenas para los funcionarios estatales; desde la entrega de DNI gratuito y permanente hasta la gratuidad de los reclamos ante Indecopi; desde el acceso a la justicia... hasta la formación profesional para todos aquellos que no puedan pagar por ella.


VIDEO: CONCURSO DE ROBOTICA EN UNA UNIVERSIDAD ESTATAL PERUANA
(4:49 minutos)
En la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú se realizó un concurso de estudiantes que crearon robots. Si alguno de estos alumnos tuvo la "mala idea" de estudiar en una escuela privada secundaria, entonces el estado peruano podría cobrarles por la educación pública. Mientras tanto, cualquier país desarrollado del mundo estará esperándolos con los brazos abiertos.



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